El gobierno de Nueva Zelanda ha introducido un nuevo marco regulatorio para los casinos en línea, con el objetivo de reducir los daños y al mismo tiempo mejorar la protección del consumidor y la recaudación de impuestos.
Este nuevo sistema requerirá que los operadores de casinos en línea obtengan licencias y cumplan criterios estrictos antes de ofrecer servicios a los neozelandeses.
La ministra del Interior, Brooke van Velden, declaró: «La concesión de licencias es la forma en que regulamos la mayoría de las formas de juego a nivel nacional. Esto no pretende aumentar la cantidad de juegos de azar que realizan los neozelandeses, sino garantizar que los operadores cumplan con los requisitos de protección al consumidor y minimización de daños, además de pagar impuestos».
Esta medida ilegalizará la actividad de entidades sin licencia en Nueva Zelanda, lo que supone un cambio significativo en el enfoque del país hacia el juego.
Proceso de licencia de casino en línea:
El gobierno de Nueva Zelanda, liderado por el Partido Nacional, planea subastar un número limitado de licencias, válidas por tres años, condicionadas al cumplimiento continuo de las normas regulatorias.
La edad mínima para jugar en línea se establecerá en 18 años. Las licencias cubrirán únicamente los juegos de casino en línea, excluyendo las apuestas deportivas y las ofertas de lotería.
Los operadores con licencia podrán hacer publicidad bajo estrictas restricciones, aunque los patrocinios deportivos por parte de casinos en línea seguirán prohibidos.
El Ministro van Velden espera que el nuevo sistema esté operativo a principios de 2026 y que el público pueda aportar opiniones durante el proceso del Comité Selecto.
“Una vez establecido, el Departamento de Asuntos Internos supervisará la regulación, garantizando que nuestro marco se ajuste tanto a las expectativas de la comunidad como a la integridad operativa”, añadió.
Durante las campañas electorales del año pasado, el Partido Nacional afirmó que podría recaudar 179 millones de dólares neozelandeses al año de los operadores en línea y argumentó que el anterior gobierno del Partido Laborista no estaba recaudando impuestos del sector offshore no regulado. El Partido Laborista respondió señalando que había recaudado un impuesto sobre bienes y servicios (GST) del 15% sobre los servicios e intangibles suministrados a distancia por proveedores offshore desde octubre de 2016.
Respuesta de la industria:
SkyCity Entertainment Group, la empresa de turismo, ocio y entretenimiento más grande de Nueva Zelanda, dio la bienvenida al nuevo enfoque regulatorio.
“Seguimos apoyando la regulación de los juegos de casino en línea en Nueva Zelanda, haciendo hincapié en una sólida responsabilidad por parte de los anfitriones y en la generación de beneficios para la comunidad”, declaró SkyCity en un comunicado de prensa.
El director ejecutivo de SkyCity, Jason Walbridge, comentó el anuncio del gobierno en LinkedIn: «Es estupendo ver que el ministro van Velden anuncie más detalles sobre la regulación de los juegos de casino en línea en Nueva Zelanda. SkyCity siempre ha apoyado la regulación del juego en línea para minimizar los daños y proteger a los neozelandeses. Limitar la publicidad y el número de operadores en Nueva Zelanda es una buena manera de lograrlo. Actualmente, se está yendo al extranjero mucho dinero que debería quedarse en Nueva Zelanda en forma de impuestos y beneficios para la comunidad. Esperamos que esto sea una parte fundamental de cualquier marco regulatorio futuro»
SkyCity opera cinco propiedades de casino en Nueva Zelanda y Australia, así como un sitio de juegos en línea SkyCity offshore desde Malta.
En junio de 2024, el Tribunal Federal de Australia condenó a SkyCity a pagar una multa de 67 millones de dólares australianos por incumplimiento de las normas ALD/CTF en su casino de Adelaida. El Departamento de Asuntos Internos de Nueva Zelanda también condenó al operador a pagar una multa civil de 4,2 millones de dólares neozelandeses por incumplimiento histórico de la Ley de Nueva Zelanda contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de 2009.
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